Artículo 145 del Código Penal español

1. Protección del bien jurídico: El artículo 145 protege fundamentalmente dos bienes jurídicos: la vida del nasciturus (el no nacido) y la autodeterminación y salud de la mujer. La regulación penal de estos supuestos pretende disuadir y sancionar cualquier interferencia ilegítima en estos bienes jurídicos.

2. Aborto sin consentimiento (primer apartado): Este apartado sanciona a quien cause un aborto sin el consentimiento de la mujer, estableciendo una pena de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación especial. La inhabilitación se aplica para evitar que el culpable pueda seguir ejerciendo una profesión relacionada, como la medicina. Es crucial que el consentimiento de la mujer sea informado y libre para que no se incurra en este delito.

3. Aborto con violencia, intimidación o engaño (segundo apartado): Este apartado agrava las penas si el aborto se produce mediante violencia, intimidación o engaño. La pena de prisión aumenta a entre seis y doce años y la inhabilitación especial se extiende a entre seis y catorce años. Esta agravante reconoce la mayor gravedad del acto al implicar coacción y manipulación, afectando de manera más grave la integridad física y psicológica de la mujer.

4. Aborto de menores o incapaces sin autorización (tercer apartado): Aquí se sanciona el aborto en menores de dieciséis años o personas incapaces sin la autorización de sus representantes legales. La pena es de cuatro a ocho años de prisión e inhabilitación especial de tres a diez años. Este apartado reconoce la especial vulnerabilidad de menores e incapaces, y la necesidad de una protección adicional a través del consentimiento de sus representantes legales.

5. Consideraciones generales:

• Gravedad y proporcionalidad: Las penas previstas en este artículo son severas, reflejando la gravedad que el legislador atribuye a estos actos. Se busca una proporcionalidad entre el daño causado y la sanción impuesta.
• Prevención especial y general: Este artículo no solo tiene una función retributiva, sino también preventiva. Busca evitar que se produzcan abortos no consentidos y proteger la autonomía y salud de las mujeres.
• Inhabilitación especial: La inhabilitación especial tiene un doble objetivo: por un lado, proteger a potenciales futuras víctimas al impedir que el culpable siga ejerciendo en ámbitos donde podría repetir el delito; y por otro, se pretende que el delincuente reflexione sobre su conducta durante el tiempo de inhabilitación.

En resumen, el artículo 145 del Código Penal español tipifica y sanciona de manera severa el aborto no consentido, estableciendo agravantes en función de las circunstancias de violencia, intimidación, engaño, o la especial vulnerabilidad de la víctima, buscando con ello proteger la vida del nasciturus y la salud y autonomía de las mujeres.