Artículo 175 del Código Penal español
El artículo 175 del código penal español cita que,
«La autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y fuera de los casos comprendidos en el artículo anterior, atentare contra la integridad moral de una persona será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años si el atentado fuera grave, y de prisión de seis meses a dos años si no lo es. Se impondrá, en todo caso, al autor, además de las penas señaladas, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a cuatro años.»
Comentarios al artículo 175 del Código Penal
El artículo 175 del Código Penal español regula los delitos relacionados con el abuso de poder por parte de autoridades o funcionarios públicos que atenten contra la integridad moral de las personas, fuera de los casos de tortura tratados en el artículo 174. Este artículo establece una penalización más amplia para los abusos cometidos por personal público en su función, ampliando la protección frente a tratos inadecuados, aunque no lleguen a constituir tortura en su definición más estricta.
A continuación, se detallan los puntos clave de este artículo:
- Delito de atentado contra la integridad moral: El artículo establece que la autoridad o funcionario público que «atentare contra la integridad moral» de una persona, abusando de su cargo, cometerá un delito. Esto refleja la necesidad de proteger a las personas de comportamientos abusivos que, aunque no lleguen a ser considerados tortura o malos tratos físicos graves, sí impliquen una violación de la dignidad o integridad moral de la persona afectada. Este atentado puede incluir conductas como humillaciones, amenazas, coacciones, o trato degradante que no impliquen un sufrimiento físico directo pero que afecten gravemente el bienestar psicológico de la víctima.
- Gravedad del atentado: La pena varía según la gravedad del atentado contra la integridad moral. Si el atentado es grave, la pena de prisión será de dos a cuatro años. Esta distinción busca establecer una proporcionalidad en la pena según el impacto que los actos del funcionario tengan sobre la víctima, reconociendo que un atentado grave contra la integridad moral puede tener consecuencias psicológicas significativas para la persona afectada. Si el atentado no es tan grave, la pena se reduce a una pena de prisión de seis meses a dos años, lo que refleja un tratamiento menos severo, aunque sigue siendo una condena que responde a la vulneración de los derechos fundamentales.
- Pena de inhabilitación especial: Además de las penas privativas de libertad, el artículo establece la inhabilitación especial para el autor del delito para desempeñar empleo o cargo público, con una duración de dos a cuatro años. Esta inhabilitación busca garantizar que aquellos que abusen de su poder no continúen en funciones públicas, protegiendo así a la sociedad de futuros abusos. La inhabilitación, al ser aplicada a personas que han abusado de su cargo, busca prevenir que vuelvan a poner en peligro los derechos de los ciudadanos en el futuro.
- Tipo penal abierto: A diferencia de otros delitos más específicos, el artículo 175 tiene una redacción más abierta al no especificar ejemplos concretos de conductas que constituyan un atentado contra la integridad moral. Esto permite que el artículo sea interpretado de manera flexible, adaptándose a diferentes situaciones de abuso de poder que puedan surgir en el contexto de funciones públicas. No obstante, esto también implica que la jurisprudencia y los tribunales tienen un papel clave en la interpretación de qué conductas se consideran como atentados contra la integridad moral, considerando siempre la gravedad de los actos cometidos.
- Protección frente al abuso de poder: Este artículo subraya la importancia de salvaguardar los derechos fundamentales y la dignidad de las personas frente a aquellos que ocupan cargos públicos, estableciendo un claro límite a las conductas que, aunque no sean necesariamente criminales en términos de tortura, implican un abuso de autoridad que puede afectar gravemente el bienestar psicológico de las personas. Este tipo de legislación refuerza la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia y en el comportamiento ético de los funcionarios públicos.
Valoración general: El artículo 175 del código penal refuerza la responsabilidad de los funcionarios públicos al reconocer que los abusos de poder no siempre se limitan a la violencia física, sino que también pueden implicar daños significativos a la integridad moral de una persona. La pena de inhabilitación especial y las penas de prisión buscan desincentivar estos comportamientos y proteger a los ciudadanos de posibles abusos dentro del ámbito público. Este enfoque se ajusta a la necesidad de garantizar que los funcionarios públicos no solo actúen de acuerdo con la ley, sino también con el respeto a la dignidad de las personas bajo su autoridad. La sanción de inhabilitación también refleja la voluntad de asegurar que los responsables de abusos no continúen en sus funciones, protegiendo así la confianza pública en las instituciones
En Blanco Tovar Abogados estamos especializados en todo tipo de procedimientos penales y contamos con un servicio de urgencias las 24 horas del día los 365 días del año. Para cualquier duda contacte con nosotros su despacho penalista de confianza:
☏ +34 640 856 137
☏ +34 620 914 487
O bien al email: ivan.blanco@icam.es
Así mismo contamos con perfiles en redes sociales donde subimos contenidos diarios. Síganos en Instagram, Threads y Twitter.
Actualizado a 17/12/2024