Presunción de inocencia e In dubio pro reo
Dentro del derecho penal, existen una serie de principios esenciales que garantizan la correcta aplicación de la justicia y la protección de los derechos del acusado durante todo el procedimiento judicial. Estos principios no solo delimitan la actuación de jueces y fiscales, sino que también establecen las bases sobre las cuales debe sustentarse cualquier condena o absolución.
Entre ellos destacan dos pilares fundamentales: la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo. Ambos se encuentran íntimamente relacionados, ya que buscan evitar errores judiciales y asegurar que ninguna persona sea declarada culpable sin pruebas válidas o ante la existencia de dudas razonables.
El respeto a estos principios no solo garantiza un proceso penal justo, sino que también refuerza la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial, asegurando que toda condena sea consecuencia de una valoración objetiva, motivada y basada en pruebas sólidas. A continuación, se analizan en detalle ambos conceptos, su fundamento legal y su aplicación práctica en los tribunales españoles.
1. Presunción de inocencia
En el procedimiento penal los hechos que deben ser probados son aquellos que sirven de base a las respectivas pretensiones de las partes, es decir los contenidos en los escritos de calificación provisionales, esto es escritos de acusación y defensa. Por ende, no deben probarse ni las normas jurídicas que se alegan ni la jurisprudencia citada, pues se entiende que el Tribunal conoce el derecho.
Cada parte debe probar los hechos que afirma en sus escritos. En consecuencia deben acreditar los hechos constitutivos de su pretensión acusatoria, así como los que implican una agravante del delito; por su parte el acusado no debe probar su inocencia sino únicamente aquellos hechos que introduce en su defensa y que le pueden beneficiar.
En tal sentido, el acusado tiene un derecho fundamental a la presunción de inocencia, regulado en el artículo 24.2 de la Constitución Española, esto es a ser considerado inocente hasta que no se demuestre lo contrario. El objetivo prioritario de la acusación es enervar dicha presunción de inocencia con material de cargo suficiente que demuestre la culpabilidad del acusado. El Tribunal Constitucional, ha definido el derecho a la presunción de inocencia como la necesidad de haber realizado un mínimo de actividad probatoria de cargo, que sea suficiente para determinar la culpabilidad de un sujeto y para poder condenarlo, y que todo ello se motive en la sentencia que se dicte.
Así en la STC 123/2006, de 24 de abril, dice lo siguiente en cuanto al derecho de presunción de inocencia “se configura en tanto que regla de un juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referidas a todos los elementos esenciales del delito y que la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos…”
2. In dubio pro reo
No hay que confundir el derecho a la presunción de inocencia con el principio in dubio pro reo, esto es el principio de la duda razonable. Mientras que el primero pretende evitar que alguien sea condenado, sin que exista material probatorio suficiente en su contra, el segundo pretende impedir que, en caso de duda acerca de la interpretación de ese material probatorio se pueda llegar a condenar a un inocente.
El proceso penal está regido por el principio de oficialidad dado el interés público que existe en que se persiga y castigue al culpable de un delito. Uno de los rasgos propios de ese principio es la posibilidad de que el Tribunal ordene prueba de oficio, si la propuesta por las partes resulta insuficiente para alcanzar la verdad. Por ello el artículo 729.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal habilita al tribunal para ordenar la prueba que considere necesaria y que no haya sido propuesta por las partes, aunque la jurisprudencia viene exigiendo que la nueva actuación esté directamente relacionada con alguna de las pruebas propuestas.
La búsqueda de la verdad como pilar del proceso penal
Tanto la presunción de inocencia como el principio in dubio pro reo son pilares fundamentales del sistema penal español, pues garantizan que nadie sea condenado sin pruebas válidas ni con dudas razonables sobre su culpabilidad.
Estos principios refuerzan el carácter garantista del derecho penal, asegurando que el proceso se desarrolle con equidad, transparencia y respeto a los derechos fundamentales del acusado.
En última instancia, la búsqueda de la verdad material —a través de una actividad probatoria legítima, completa y coherente— es el eje que sustenta la justicia penal. Por ello, contar con un abogado penalista resulta esencial para velar por la correcta aplicación de estos principios y garantizar un proceso justo y equilibrado para todas las partes.
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